Plena Inclusión Madrid

Tomás A. Sancho: «Defendemos el derecho de arraigo de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo»

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Plena inclusión pide a los gobiernos de las comunidades autónomas que extiendan el derecho de arraigo, como contempla el anteproyecto de la futura Ley de Dependencia.

La demanda de Plena inclusión va dirigida a las comunidades autónomas y coincide con la ratificación esta semana por el Consejo de Ministros del anteproyecto de reforma de la Ley de derechos de las personas con discapacidad y la Ley de Dependencia. Ambas leyes se adaptarán a la reforma constitucional aprobada por el Congreso de los Diputados en febrero de 2024 -modificando su artículo 49-.

Hoy en día, es frecuente que los servicios ofrecidos a las personas con discapacidad intelectual se realicen fuera del contexto diario de las mismas, lo que produce procesos de “desarraigo”, y una ruptura con su trayectoria vital, su red de relaciones y los lugares que les son propios.

Por todo ello, resulta imprescindible desterrar la mala práctica de traslados no consentidos de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo a residencias para personas mayores de 65 años. 

“Se trata de un modo de actuar poco respetuoso, así como de una práctica inhumana, al decidir el futuro de las personas sin preguntarles antes si están o no de acuerdo”, explica Tomás A. Sancho, presidente de Plena Inclusión Madrid y miembro de la Junta Directiva de Plena inclusión España.

Una oportunidad histórica para superar restricciones

El movimiento asociativo Plena inclusión, que presta apoyo a más de 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, reclama que a estas personas se les dé la posibilidad de desarrollar su proyecto vital junto a las entidades del movimiento de la discapacidad que les han acompañado a lo largo de su vida; y aprovecha la oportunidad histórica que supone la propuesta del Ejecutivo de modificar las Leyes de Dependencia y Discapacidad para reclamar esta mejora que ayudaría a superar las restricciones impuestas a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias. 

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