institucional archivos - Plena Inclusión Madrid

Plena Inclusión Madrid pide a la Consejería y a los grupos parlamentarios mejoras en la red de atención a personas con discapacidad en los próximos presupuestos

De no tomarse medidas ahora, el mantenimiento de la actual red de centros puede ponerse en peligro y con ello la atención a miles de personas con discapacidad intelectual Madrid, 19 de octubre de 2017.- El presidente de Plena Inclusión Madrid (Federación de Organizaciones a favor de personas con discapacidad intelectual de Madrid), Mariano Casado pidió hoy a la Consejería de Políticas Sociales y Familia y a los grupos políticos parlamentarios que tengan sensibilidad suficiente para abordar mejoras en la red de atención a las personas con discapacidad intelectual de la Comunidad de Madrid en los próximos presupuestos. Casado explicó que los próximos presupuestos generales de la Comunidad de Madrid deben tratar de compensar los importantes recortes llevados a cabo durante estos años a raíz de la crisis y que ha puesto en serias dificultades de sostenibilidad a las entidades sociales sin ánimo de lucro. El presidente apuntó que la actual red de centros de atención a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo es fruto del trabajo conjunto entre la propia Comunidad y las organizaciones sociales de familias y un referente en toda España, pero –matizó- si queremos que de verdad siga siéndolo, es preciso abordar los problemas a los que nos enfrentamos. En este sentido, recordó que la crisis afectó de manera muy importante a las entidades sin ánimo de lucro de Plena Inclusión Madrid en un momento en el que confluyeron varios factores como el aumento de las necesidades sociales del conjunto de la población, las restricciones presupuestarias importantes tanto de las administraciones públicas como de las entidades sociales, la falta de liquidez, el descenso de la actividad económica y la disminución de las aportaciones privadas. El movimiento asociativo dio entonces ejemplo de solidaridad y compromiso con el mantenimiento de una red de atención al colectivo de personas con discapacidad intelectual creada con el esfuerzo de las familias durante muchos años y sostenida gracias, a la hasta ahora, estrecha colaboración entre las entidades sociales y la Comunidad de Madrid. A pesar de las dificultades, las entidades han seguido trabajando con gran esfuerzo para garantizar, por encima de todo, la calidad de la atención a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. A día de hoy, añadió, la situación comienza a ser insostenible por lo que apeló a la responsabilidad de la Consejería de Políticas Sociales y Familia y a los grupos parlamentarios a prestar atención urgente a esta cuestión, porque lo que está en juego es la calidad de atención a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que se vería gravemente cercenada si no comienzan a tomarse medidas. El presidente recordó que las entidades sociales, constituidas por familias de personas con discapacidad intelectual, han llegado al límite de su esfuerzo, y no podemos permitir que la inacción política nos lleve a una deriva en la que los verdaderos perjudicados serán personas con discapacidad intelectual que ya de por sí forman parte de un colectivo en riesgo de exclusión social. Si no existe sensibilidad suficiente para abordar de manera urgente esta cuestión, se estará abocando a miles de personas a una situación de difícil justificación y en la que la responsabilidad recaerá directamente en las Administraciones al ignorar las demandas de un sector que ha dado muestras permanentes de lealtad y colaboración institucional. Hemos llegado a un punto, afirmó el presidente, en el que hay que actuar de manera urgente para evitar que la situación del colectivo empeore de manera irreversible, sin perder de vista también una planificación a medio y largo plazo para evitar la repetición constante de situaciones similares. En este sentido, Casado recordó que Plena Inclusión Madrid ha demandado también a la Comunidad de Madrid que se aborde un nuevo modelo de concierto social, posibilidad aplicable tras la directiva 2014/24/UE de 26 de febrero sobre Contratación Pública de la UE, que daría más estabilidad al sector y, por tanto, a la atención a los más de 34.000 madrileños y madrileñas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

La prórroga de los Presupuestos Generales del Estado tendrá graves consecuencias para las personas con discapacidad intelectual y sus familias

Plena inclusión observa con profunda preocupación la posible congelación del gasto derivada de la inestabilidad política porque prorrogaría la situación de exclusión y precariedad de gran parte de la sociedad, especialmente del colectivo de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias. Los buenos datos macroeconómicos –y el anuncio de que repercutirían en la vida cotidiana de la ciudadanía– han generado una expectativa de recuperación social que ahora se verá frustrada si, tal y como ha adelantado el Gobierno, se prorroga la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Atención a la infancia y la familia. En particular, resulta preocupante la atención a la infancia con discapacidad: según estimaciones de un informe reciente del CERMI la cobertura de la atención temprana está en un 15% de las necesidades de apoyo reales, cuando esta atención debería ser universal y de calidad, mejorando la detección precoz y la coordinación socio-sanitaria. Junto a ello, debería abordarse una política real de apoyo a las familias con mejoras fiscales, permisos retribuidos, asistentes personales en el hogar y el aumento de las medidas de conciliación laboral y familiar. Plena inclusión ha valorado en más de 47.000 euros anuales el esfuerzo económico extra que debe asumir cada familia cuando uno de sus miembros tiene una discapacidad con grandes necesidades de apoyo. En un reciente estudio sobre estas personas (realizado por INICO-Universidad de Salamanca y Plena inclusión con el apoyo del Real Patronato sobre Discapacidad), un 54,7% de los cuidadores familiares afirman que su salud se ha visto deteriorada. Educación inclusiva. Asimismo resulta absolutamente necesario abordar el cambio hacia una educación verdaderamente inclusiva, que quedaría en vía muerta si se aplaza la aprobación de los presupuestos. En la actualidad, un 2,6% del alumnado en España presenta necesidades educativas especiales. De este porcentaje, 35.190 son niños y niñas con discapacidad. (Datos del Ministerio de Educación, estadísticas de la educación curso 2015-2016). Los datos del propio Ministerio revelan que el 77,2% del alumnado con discapacidad intelectual y el 78,2% del alumnado con trastornos generalizados del desarrollo se encuentran integrados en centros educativos ordinarios. No obstante, estos niños y niñas no disponen de los apoyos y recursos necesarios para asegurar una educación inclusiva en igualdad de condiciones con el resto. Esta realidad provoca que el alumnado no progrese académicamente, fracase y tenga que optar cada vez más por centros de educación especial: desde el 2011 al 2016 el alumnado con discapacidad intelectual o del desarrollo en educación segregada ha aumentado de 20.662 a 23.113 estudiantes (es decir, en 2.451). Esta cantidad se incrementa año a año debido a la disminución de las ratios, la reducción de apoyos, la falta de inversión en formación del profesorado en educación inclusiva, etc. Personas en situación de dependencia. Una prórroga en los Presupuestos Generales del Estado supondría también que las conclusiones de la Comisión para el análisis de la situación actual del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia publicadas el pasado 5 de septiembre quedarían en papel mojado. El informe consensuado en el que se analiza la situación actual del Sistema de Dependencia establece que es necesario proceder a la reconsideración del sistema de financiación actual (o en su caso a la adopción de uno nuevo). Junto a ello, se debe garantizar la incorporación de las personas pendientes de ser atendidas. Esto supone aumentar los niveles de cobertura y los servicios para la vida independiente; y ampliar la figura del asistente personal para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo como herramienta clave en su derecho a la inclusión social. Asimismo, resulta necesario asegurar que las personas que se encuentran en las situaciones más graves reciben los servicios a los que tienen derecho (en el primer semestre de 2017, las listas de espera aumentaron de 120.200 a 120.900 personas). Empleo. El colectivo de personas con discapacidad intelectual presenta una de las tasas de paro más elevadas (44,7%, en comparación con el 21,9 % de la población general), y una tasa de inactividad que supera el 70% (frente a un 22% del resto). Plena inclusión exige de forma urgente medidas de discriminación positiva que incluyan un aumento de la subvención salarial en los Centros Especiales de Empleo por encima del 50% del SMI. También que se aumente la financiación del empleo con apoyo y se compatibilice el empleo con pensiones o ingresos de renta mínima que rescaten a las personas de la pobreza. En definitiva, existe una larga lista de mejoras que deben redundar en el bienestar general, la activación de la población, la prevención y promoción de la autonomía y la contribución social, con el fin de dignificar el papel activo de estas personas como ciudadanas de pleno derecho. Todo ello evitaría mayores cargas sociales futuras, y el crecimiento de la población dependiente a corto, medio y largo plazo. Algo que esta prórroga de presupuestos pone de nuevo en peligro.