El apoyo económico que las administraciones públicas ofrecen a las 950 entidades de Plena inclusión en toda España tiene un impacto decisivo en la calidad de vida y la promoción de los derechos de 400.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.
Con el fin de recordar la trascendencia del soporte que dan las administraciones públicas, la mayor red española que presta servicios y apoyos a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo (autismo, parálisis cerebral, síndrome de Down) lanza una campaña que muestra, a través de 5 videos, el impacto que tienen en la vida de estas personas otros tantos proyectos desarrollados por asociaciones de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León que son sostenidos con dinero público.
La acción de difusión se enmarca en la campaña #SinRecursosNOhayCuidados, una estrategia de incidencia política que mes a mes, y hasta final de año, va a ilustrar con historias de: asistencia personal, empleo inclusivo, un hogar de personas con grandes necesidades de apoyo, apoyo a madres y padres con discapacidad o el liderazgo para defender sus derechos, la importancia de que estas ayudas sigan fomentando iniciativas fundamentales para las personas con discapacidad intelectual desde asociaciones que, de otro modo, tendrían que cerrar por faltas de recursos.
El primer video de la campaña tiene que ver con la asistencia personal y con la labor de la Oficina de Vida Independiente (OVI) de Plena Inclusión Madrid. Puedes verlo aquí:
Un contexto preocupante
La finalización del Plan Estatal de choque de la Dependencia y la incertidumbre sobre la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado generan un contexto preocupante para un movimiento asociativo que despliega una enorme actividad solidaria. Plena inclusión gestiona 4.000 centros y servicios (pisos tutelados, centros de día, proyectos innovadores, colegios de educación especial, empresas de empleo protegido, etc.), en los que se da apoyo a más de 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y a sus familias. La infrafinanciación y la disparidad de criterios en cada una de las CCAA a la hora de garantizar la sostenibilidad de casi mil entidades sociales, genera incertidumbre respecto al presente y el futuro de cientos de proyectos de gran valor social.
Hay que recordar que los precios plaza pagados por las administraciones fluctúan entre un 25% y un 30% (según las CCAA) por debajo del coste real, a la vez que crecen las exigencias de las administraciones hacia las asociaciones: atención personalizada, apoyos conductuales, implementación de tecnología adaptada y otros requisitos. A ello se suman la desindexación, el IVA soportado, etc.